CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

DE TAMAULIPAS 

 

TITULO I

DEL ESTADO Y SUS HABITANTES 

 

CAPITULO I

CONDICION POLITICA Y TERRITORIO 

 

 

ARTICULO 1o.- El Estado de Tamaulipas es libre, soberano e independiente en cuanto a su Gobierno y administración interiores; pero está ligado a los Poderes de la Unión como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan. 

 

ARTICULO 2o.- El territorio del Estado comprende la antigua provincia llamada Nuevo Santander, con las limitaciones que le hizo el Tratado de Guadalupe. 

 

ARTICULO 3o.- El Estado se divide en Distritos Electorales, Distritos Judiciales y Municipios. Las leyes secundarias respectivas determinarán la extensión de cada Distrito y la Organización del Municipio conforme a las bases que la Constitución General establece. 

Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 

 

ARTICULO 4o.- El Estado adopta para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Popular, tomando como base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos que establezca el Código Municipal. 

El titular del Ejecutivo organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo económico, social, político, administrativo y cultural del Estado. 

La planeación será democrática. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública estatal. Mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y las demandas de la sociedad, para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular dentro del sistema estatal de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine, mediante convenios con los gobiernos federal y municipales, e introduzca y concierte con los particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

Los Municipios podrán celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios y acuerdos con la Federación, y entre sí, para la planeación, coordinación, y ejecución de los programas de desarrollo económico y social. 

 

 

 

CAPITULO II

DE LOS TAMAULIPECOS 

ARTICULO 5o.- Son Tamaulipecos: 

I.- Los mexicanos nacidos dentro del territorio del Estado;

II.- Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier lugar del Estado, si no manifiestan ante la Autoridad Municipal respectiva su deseo de conservar su anterior origen; 

III.- Los hijos de padres tamaulipecos nacidos fuera del territorio del Estado y que al llegar a la mayor edad manifiesten al Congreso local su deseo de tener la condición de tamaulipecos. 

 

CAPITULO III

DE LOS CIUDADANOS 

ARTICULO 6o.- Son ciudadanos del Estado, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de tamaulipecos, reúnan además, los siguientes requisitos: 

I.- Haber cumplido 18 años; y 

II.- Tener un modo honesto de vivir. 

ARTICULO 7o.- Son derechos de los ciudadanos tamaulipecos: 

I.- Sufragar en todas las elecciones de autoridades del Estado y de su respectiva Municipalidad; 

II.- Poder ser electos para todos los cargos públicos, siempre que reúnan las condiciones que en cada caso exija la Ley; 

III.- Ser nombrado para cualquier empleo o comisión oficiales, en la forma y términos que prescriben las leyes, con preferencia en igualdad de circunstancias a los que no fueren tamaulipecos; 

IV.- Reunirse para tratar y discutir los negocios públicos, y participar en los procesos de consulta ciudadana que la ley establezca; y 

V.- Ejercer en materia política el derecho de petición. 

ARTICULO 8o.- Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: 

I.- Votar en las elecciones populares en la forma que disponga la Ley; 

II.- Desempeñar los cargos de elección popular y los concejiles para que fuere nombrado conforme a la Ley, salvo excusa legítima; 

III.- Alistarse en la Guardia Nacional; 

IV.- Alistarse en los Cuerpos de Policía Rural del Estado para defender su territorio y su soberanía, y para sostener su Constitución, sus Leyes y autoridad; 

V.- Inscribirse en el padrón de su Municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste; los profesionistas además se inscribirán en el padrón que al efecto llevará la Secretaría General de Gobierno. 

ARTICULO 9o.- Los derechos de ciudadanos tamaulipecos se suspenden: 

I.- Por incapacidad declarada legalmente; 

II.- Por estar procesado. La suspensión produce efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión o desde que se declare que ha lugar para la formación de causa, tratándose de funcionarios que gocen de fuero constitucional; 

III.- Por falta de cumplimiento sin causa justificada, de las obligaciones impuestas por el Artículo anterior. Esta suspensión durará un año y se impondrá sin perjuicio de las otras penas que para la misma falta señale la Ley; 

IV.- Por sentencia judicial; 

V.- Por ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de profesión; 

VI.- En los casos de suspensión de la ciudadanía mexicana. 

ARTICULO 10.- Los derechos de ciudadano tamaulipeco se pierden: 

I.- En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana; 

II.- Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo cuando sea concedida a título honorífico; 

III.- Por sentencia judicial. 

ARTICULO 11.- La calidad de ciudadano se recobra por haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. 

ARTICULO 12.- Las leyes determinarán a qué autoridad corresponde decretar la suspensión, pérdida o recuperación de los derechos de los ciudadanos, y en qué términos y con qué requisitos ha de dictarse el fallo respectivo y el tiempo que debe durar la pena. 

CAPITULO IV

DE LOS VECINOS 

ARTICULO 13.- Son vecinos los que residen de una manera habitual y constante en el territorio del Estado durante seis meses, ejerciendo alguna profesión, arte, oficio o industria, o durante dos si adquieren bienes raíces. 

ARTICULO 14.- La vecindad se pierde: 

I.- Por dejar de residir habitualmente más de seis meses, dentro de su territorio; 

II.- Desde el momento de separarse del territorio del Estado, siempre que manifieste que va a cambiarse de residencia o que de cualquier otro modo se pruebe la intención de cambiarla. 

ARTICULO 15.- La vecindad no se pierde: 

I.- Por ausencia en virtud de comisión del servicio público de la Federación, del Estado o de algún Municipio de éste; 

II.- Por ausencia con motivo de persecuciones políticas, si el hecho que las origina no implica al mismo tiempo la comisión de un delito del orden común; 

III.- Por ausencia en ocasión de estudios o comisiones científicas o artísticas. 

 

CAPITULO V

DE LOS HABITANTES 

ARTICULO 16.- Son habitantes del Estado todas las personas que residen en su territorio, sea cual fuere su estado y condición. 

ARTICULO 17.- El Estado reconoce a sus habitantes:

I.- La inviolabilidad de la propiedad, la cual no podrá ser ocupada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización; 

II.- La libertad de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito, pero en asuntos políticos es exclusiva de los ciudadanos tamaulipecos en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III.- Los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa bajo el titulo de "Garantías Individuales". 

ARTICULO 18.- Todos los habitantes del Estado estarán obligados: 

I.- A respetar y cumplir las Leyes, disposiciones y reglamentos expedidos por autoridad legítima con arreglo a sus facultades legales. Nadie podrá, para sustraerse de propia autoridad a la observancia de los preceptos legales, alegar que los ignora, que son notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones; 

II.- A contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, quedando en todo caso prohibidos los impuestos de carácter meramente personal; 

III.- A prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean legalmente requeridos; 

IV.- A recibir la educación básica-preescolar, primaria y secundaria, en la forma prevenida por las Leyes y conforme los planes, programas y reglamentos que se expidan por las autoridades educativas; 

V.- Hacer que sus hijos, pupilos y menores que por cualquier título tengan a su cuidado, reciban la educación básica con arreglo a lo prescrito en la fracción anterior; 

VI.- Asistir los días y horas designadas por el Ayuntamiento del Municipio en que residan, para recibir la instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de todos sus derechos de ciudadanos, y diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar; 

VII.- Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuere amagado por partidas de malhechores, acatando las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local . 

ARTICULO 19.- A nadie podrá obligársele a que pague una contribución que no haya sido previamente decretada por el Congreso. 

La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará hasta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

 

TITULO II

DE LA SOBERANIA DEL ESTADO 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 20.- La soberanía del Estado reside en el pueblo y éste la ejerce a través del Poder Público del modo y en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con Nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, auténticas y periódicas, y se desarrollarán conforme a las siguientes bases: 

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación Estatal y Municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

La Ley determinará las formas específicas de su participación en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas y reglas de financiamiento, los partidos políticos deberán rendir informes financieros, mismos que serán públicos. 

De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y para que durante los procesos electorales cuenten con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. 

La Ley propiciará condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social propiedad del Estado, y establecerá las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en las materias señaladas en este párrafo y el anterior. 

II.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través de un Organismo Público Autónomo, de los partidos políticos y de los ciudadanos según lo disponga la Ley. El Organismo Público será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. 

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal. 

El Organismo Público Autónomo será autoridad en la materia y profesional en su desempeño; se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

La Ley establecerá los requisitos mínimos que deberán reunir los funcionarios del Organismo Público Autónomo, para garantizar la eficacia del principio de imparcialidad, que conforme al segundo párrafo de esta fracción es propio de la función electoral. 

El órgano de dirección, jerárquicamente superior, se integrará por Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, un Secretario y un representante del Registro Federal de Electores. Todos tendrán derecho a voz, pero solo los Consejeros Electorales derecho a voto. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado, estrictamente necesario, para prestar el servicio profesional electoral. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos que serán insaculados del padrón electoral. 

Los Consejeros Electorales del órgano de dirección, serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de entre los propuestos por los partidos políticos nacionales o estatales con registro vigente. La Ley establecerá las reglas, requisitos y procedimientos para su designación.  

El Organismo Público Autónomo encargado de la organización de los procesos electorales, podrá celebrar convenios con la autoridad federal competente, para disponer de la infraestructura y apoyos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, en los términos que determine la Ley. 

El Organismo Público Autónomo, en ejercicio de la función estatal electoral: 

a).- Declarará la validez de las elecciones y expedirá las constancias de mayoría de Gobernador del Estado, de Diputados según el principio de mayoría relativa y de Ayuntamientos; 

b).- Declarará la validez de la elección y expedirá las constancias de asignación de las Diputaciones según el principio de representación proporcional; 

c).- Expedirá las constancias de asignación de Regidurías según el principio de representación proporcional; y 

d).- Declarará Gobernador electo al ciudadano que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

III.- La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, y que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; y fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, incluyendo la establecida en la Fracción IV del Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Del sistema de medios de impugnación conocerán, según la competencia, el Organismo Público Autónomo a que se refiere este Artículo y el Tribunal Estatal Electoral. 

IV.- El Tribunal Estatal Electoral es el Organo Autónomo en su funcionamiento, con independencia en sus decisiones, y máxima autoridad jurisdiccional electoral, conformado por salas unitarias numerarias y una presidencia; se integrará con 4 Magistrados numerarios y uno supernumerario, mismos que serán designados por las dos terceras partes de los Diputados, a propuesta de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; su funcionamiento y organización estarán previstos en la Ley. 

El Tribunal Estatal Electoral tendrá competencia para resolver en una sola instancia, en forma definitiva y firme, en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, y las diferencias laborales que se presenten entre las autoridades electorales y sus servidores públicos. 

Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal Estatal Electoral contará con Magistrados, Jueces instructores y demás personal que requiera. 

Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, deberán satisfacer los mismos requisitos que esta Constitución señala para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral será competente para resolver en única Instancia el recurso de inconformidad que se interponga contra la elección de Gobernador. En esta misma vía, ante las salas unitarias numerarias, se interpondrá también recurso de inconformidad contra la declaratoria de validez de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos y contra la expedición de la constancia de mayoría y de asignación que, en cada caso, emitan las autoridades electorales competentes en los términos de la Ley.  

La Ley garantizará que los Consejeros Electorales que integrarán el Organismo Público Autónomo, a que se refiere este Artículo, y los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, no tengan antecedentes de dirigencia partidaria, en los 3 años inmediatos anteriores a la designación. 

V.- En el Código Penal se tipificarán los delitos, y en la Ley las faltas, en materia electoral; en ambos se establecerán las sanciones respectivas. 

ARTICULO 21.- El Estado adopta la forma de gobierno establecida en el Artículo 4o. de esta Constitución. 

ARTICULO 22.- El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Una ley reglamentaria regulará los procesos de consulta ciudadana. 

 

 

 

TITULO III

DE LA RESIDENClA DE LOS PODERES 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 23.- Los Poderes del Estado residirán en Ciudad Victoria. 

ARTICULO 24.- La residencia de los Poderes únicamente podrá cambiarse por resolución del Congreso aprobada por lo menos por las dos terceras partes de sus miembros. 

TITULO lV

DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACION DEL CONGRESO 

ARTICULO 25.- El ejercicio de las funciones propias del Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se denominara "Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas". Los Diputados al Congreso serán electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. 

Las legislaturas del Estado se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la Ley. 

ARTICULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por 19 Diputados electos según el principio de votación Mayoritaria Relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, y con 13 Diputados que serán electos según el principio de Representación Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye la Entidad. 

ARTICULO 27.- La asignación de los 13 Diputados Electos según el principio de Representación Proporcional y el sistema de asignación por listas estatales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la Ley. 

I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por el principio de Mayoría Relativa en por lo menos las dos terceras partes de los Distritos Electorales Uninominales; 

II.- Derogada. 

III.- A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5% del total de la votación estatal emitida, se les asignará una Diputación; y 

IV.- Para la asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional que resten, después de deducidas las utilizadas en el caso de la fracción III, se estará a las reglas y fórmulas que la Ley establezca para tales efectos. 

En ningún caso un partido político podrá contar con más de 19 Diputados por ambos principios.  

Los Diputados electos según el principio de Representación Proporcional se asignarán en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido político. 

ARTICULO 28.- Derogado. 

ARTICULO 29.- Para ser Diputado, Propietario o Suplente, se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; 

II.- Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia en él, por más de cinco años; 

III.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

IV.- Poseer suficiente instrucción. 

V.- Los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas.  

ARTICULO 30.- No pueden ser electos Diputados:

I.- El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Procurador General de Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, Jueces y Servidores Públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 90 días antes de la elección; 

II.- Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 90 días anteriores a la fecha de la elección; 

III.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 

IV.- Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su circunscripción, estarán también impedidos si no se separan de su cargo 90 días antes de la elección;  

V.- Los Diputados Propietarios al Congreso local y los Suplentes que hayan estado en ejercicio para el período inmediato; 

VI.- Los miembros de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales, o Magistrado, Secretario General, Juez Instructor o Actuario del Tribunal Estatal Electoral, a menos que se separen de su cargo un año antes de la elección. 

VII.- Los que estén procesados por delito doloso. El impedimento surte efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa. 

ARTICULO 31.- Los Diputados Propietarios, desde el día de su elección y los Suplentes en ejercicio, no pueden aceptar sin permiso del Congreso, empleo alguno de la Federación, del Estado o de los Municipios, por el cual se disfrute sueldo, excepto en el ramo de instrucción. Satisfecha esta condición y sólo en los casos en que sea necesario, el Diputado quedará suspenso en sus funciones de representante del pueblo por todo el tiempo que desempeñe la nueva comisión o empleo. Las mismas disposiciones rigen respecto a los Diputados Suplentes en ejercicio. 

ARTICULO 32.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo. 

ARTICULO 33.- Los Diputados Propietarios desde el día de su elección y los Suplentes cuando estén ejerciendo sus funciones, sólo podrán ser procesados por la comisión de delitos, previa declaración de procedencia del Congreso, en los términos del Artículo 152 de esta Constitución. 

ARTICULO 34.- En los casos del Artículo anterior y en el de muerte o imposibilidad calificada de los Diputados Propietarios, concurrirán los Suplentes respectivos. Tratándose de Diputados de Representación Proporcional, si el Suplente no pudiere concurrir, la vacante se cubrirá con el Diputado Propietario del mismo Partido que siga en la lista estatal respectiva. 

ARTICULO 35.- Por muerte o imposibilidad calificada del Diputado Propietario y del Suplente de un mismo Distrito, el Congreso dispondrá que se haga nueva elección siempre que ocurra dentro de los primeros dieciocho meses de su ejercicio. 

En caso de que una u otra ocurran después del término establecido a juicio del Congreso se llamará al Suplente de otro Distrito para que funja hasta terminar el período. 

ARTICULO 36.- Entre tanto se verifique la elección a que se refiere el Artículo anterior y si no pudiere integrarse el quórum legal, la Junta de Diputados llamará al Suplente que a su juicio pueda concurrir con más prontitud, cesando éste tan luego como se presente otro Diputado que complete el quórum. 

ARTICULO 37.- La Legislatura requiere para el ejercicio de sus funciones, la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. No habiendo la mayoría referida los Diputados que asistan, cualquiera que sea su número, deberán reunirse en los días señalados por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes con la advertencia de que si no lo hacen ni acreditan debidamente ante el Congreso dentro del mismo término, qué fuerza mayor, caso fortuito u otra causa los imposibilita, se entenderá por ese solo hecho que renuncian al cargo y se convocará a nueva elección. Entre tanto transcurren los treinta días concedidos a los Diputados Propietarios, serán citados los Suplentes respectivos para integrar el quórum y si fenece el mencionado término sin obtenerse la comparecencia de los Suplentes se llamarán nuevamente a éstos con el apercibimiento de declarar vacante el cargo si no concurren dentro de quince días, convocándose a elecciones para cubrir la vacante. 

ARTICULO 38.- Los Diputados pueden faltar a tres sesiones consecutivas con simple aviso y sólo con licencia concedida por el Congreso a mayor número de sesiones. El Diputado que no observe las formalidades prescritas se considera que falta sin causa justificada y no se le admitirá prueba en contrario, además perderá el derecho de asistir al período respectivo de sesiones, cuando deje de concurrir a seis sesiones consecutivas, siempre que no se desintegrare el quórum por su falta. 

ARTICULO 39.- Los Diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada, no tendrán derecho a la dieta correspondiente. 

 

 

CAPITULO II

DE LA INSTALACION Y LABORES DEL CONGRESO 

 

ARTICULO 40.- El Congreso se reunirá para celebrar sus sesiones en la forma y términos que le señala esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 

ARTICULO 41.- El 31 de diciembre del año de la elección, en sesión solemne, los Diputados electos otorgarán la protesta de Ley ante la Diputación Permanente, o la Mesa Directiva en caso de prórroga.  

ARTICULO 42.- De no asistir la Diputación Permanente, o la Mesa Directiva en caso de prórroga, los Diputados electos iniciarán por sí la sesión solemne, previa designación de tres de sus miembros para que la presidan, cuyo desarrollo se sujetará a los términos del Artículo anterior. 

ARTICULO 43.- El día primero de enero siguiente el Congreso procederá al nombramiento de un Presidente, dos Secretarios y un Suplente, quien cubrirá la falta de cualquiera de los miembros de la Mesa en quien ocurra. El Presidente del Congreso declarará a éste legítimamente constituído e instalado y en aptitud de ejercer sus funciones. 

ARTICULO 44.- El Congreso tendrá dos períodos ordinarios de sesiones cada año: El primero, improrrogable, iniciará el uno de marzo y terminará el día treinta y uno de mayo, excepto al instalarse cada Legislatura, en cuyo caso será del uno de enero al treinta y uno de marzo; el segundo dará principio el uno de septiembre, durando el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su competencia, sin que pueda extenderse más allá del día quince de diciembre, exceptuándose el último año de la Legislatura, cuando podrá prorrogarse por los días de diciembre que sean necesarios. 

ARTICULO 45.- El Congreso, en ambos períodos de sesiones, se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley, decreto y acuerdo que se le presenten; de la resolución de los asuntos que le corresponden, conforme a la Constitución y a las leyes; de examinar y calificar las cuentas trimestrales de aplicación de los fondos públicos y que serán remitidas en la segunda quincena del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, declarando si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, si se actúo de conformidad con las leyes de la materia, si los gastos están justificados y si ha lugar a exigir alguna responsabilidad. 

De igual manera, en el caso de las cuentas del Poder Ejecutivo y de los Municipios, deberán revisarse las de recaudación y analizarse si fueron percibidos los recursos cumpliendo con las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 46.- El Congreso en el segundo periodo de sesiones, se ocupará en discutir y decretar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado del año siguiente, mismos que le serán presentados durante los primeros diez días de diciembre de cada año por el Ejecutivo. Las Leyes de Ingresos de los Municipios deberán remitirse durante los primeros diez días del mes de noviembre de cada año. Solo se podrán ampliar dichos plazos cuando medie solicitud del Ejecutivo, o de los Ayuntamientos en su caso, suficientemente justificada a juicio del Congreso. Cuando por algún motivo la Legislatura no apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, deberán aplicarse los montos autorizados en el Presupuesto del año anterior, actualizados según la inflación anual que determine el Banco de México. 

ARTICULO 47.- El Congreso tendrá sesiones en la fecha que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; las sesiones serán públicas, salvo las que según su Ley Orgánica deben tener el carácter de secretas. 

ARTICULO 48.- El Congreso antes de cerrar cada período de sesiones nombrará de su seno una Diputación Permanente compuesta de tres miembros propietarios y un suplente, que funcionará mientras no vuelva a reunirse el Congreso. El primer nombrado asumirá la Presidencia y los dos últimos actuarán de Secretarios. 

ARTICULO 49.- Se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias cada vez que fuere convocado por la Diputación Permanente, cuando lo acuerde por sí o lo pida el Ejecutivo y durante ellas solamente se ocupará de los asuntos comprendidos en la convocatoria. 

ARTICULO 50.- Si durante el receso del Congreso fuere éste convocado a Sesiones Extraordinarias, concluídas éstas continuará la Diputación Permanente electa hasta que llegue el nuevo período de Sesiones Ordinarias. La Permanente puede funcionar con su carácter dentro del Período Extraordinario 

ARTICULO 51.- Si al tiempo que deba abrirse el Período de Sesiones Ordinarias no se hubiere cerrado el de las extraordinarias, cesarán éstas y en aquéllas se continuará de preferencia el estudio de los negocios que debieron tratarse en las extraordinarias. 

ARTICULO 52.- Para la celebración de Sesiones Extraordinarias, se reunirán los Diputados precisamente en la fecha de su apertura, para que procedan a la elección de la Mesa. 

ARTICULO 53.- Las Sesiones Extraordinarias se abrirán y cerrarán con las mismas formalidades que las Ordinarias, pero el Ejecutivo o el Presidente de la Comisión Permanente en su caso, expondrá los motivos de la convocatoria. 

ARTICULO 54.- Si por causa extraordinaria el Congreso se disolviere sin haber nombrado la Diputación Permanente, se entenderá por tal el personal de la última Mesa del Congreso. 

ARTICULO 55.- Es deber de cada Diputado visitar en los recesos del Congreso, a lo menos una vez cada año, los pueblos del Distrito que representa para informarse: 

I.- Del estado en que se encuentra la Educación y Beneficencia Públicas;

II.- De cómo los funcionarios y empleados públicos, cumplen con sus respectivas obligaciones; 

III.- Del estado en que se encuentre la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la minería y las vías de comunicación; 

IV.- De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del Distrito y de las medidas que sea conveniente dictar para remover tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o de alguno de los ramos de la riqueza pública; 

V.- Velar constantemente por el bienestar y prosperidad de su Distrito, allegando al o a los Municipios que lo compongan, su ayuda directa para conseguir ese fin. 

ARTICULO 56.- Para que los Diputados puedan cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las oficinas públicas les facilitarán todos los datos que pidieren, a no ser que conforme a la Ley deban permanecer en secreto. 

ARTICULO 57.- Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados presentarán al Congreso una memoria que contengan las observaciones que hayan hecho y en la que propondrán las medidas que sean conducentes al objeto de la fracción IV del Artículo 55. 

 

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 

 

ARTICULO 58.- Son facultades del Congreso: 

I.- Expedir, reformar y derogar las Leyes y Decretos que regulan el ejercicio del Poder Público; 

II.- Fijar a propuesta del Gobernador los gastos del Poder Público del Estado, y decretar contribuciones y otros ingresos para cubrirlos, determinando la duración de éstos y el modo de recaudarlos. Ningún pago será legal si no esta incluído en el presupuesto o determinado por Ley posterior; 

III.- Condonar contribuciones del Estado, en los casos que estime convenientes, con excepción de los señalados en las fracciones I y III del Artículo 133 de esta Constitución; 

IV.- Fijar, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos, las contribuciones y otros ingresos que deban formar la Hacienda Pública de los Municipios, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; 

V.- Nombrar y remover al Oficial Mayor del Congreso, al Contador Mayor de Hacienda y a los demás servidores públicos en los términos de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior; 

VI.- Revisar y calificar trimestralmente, por conducto de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas del Estado, de los Municipios y demás organismos que administren o manejen fondos del sector público. Una ley determinará la organización y funcionamiento de dicha Auditoría que será el órgano técnico de fiscalización superior del Congreso, contará con independencia en sus funciones y autonomía presupuestal para el ejercicio de sus atribuciones; y estará bajo la vigilancia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;  

VII.- Fijar las bases al Ejecutivo para la contratación de empréstitos sobre el crédito del Estado, con las limitaciones que marca la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar los contratos respectivos, y reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el Estado; 

VIII.- Fijar las bases al Ejecutivo para renovar los contratos de donde se origine la deuda del Estado; 

IX.- Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes muebles e inmuebles del Estado y de los Municipios, conforme a la ley. La venta de los bienes muebles se verificará en pública subasta, siempre que éstos hayan sido declarados inútiles a juicio del Congreso; 

X.- Fijar las bases a los Ayuntamientos para la contratación de empréstitos, con las limitaciones previstas en la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XI.- Suprimir empleos públicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley respectiva; 

XII.- Conceder permiso y decretar honores por servicios eminentes prestados a la humanidad, a la Patria o al Estado; 

XIII.- Expedir Leyes para la jubilación de los maestros de Instrucción Pública que lo merezcan en atención a la antigüedad y eficacia de sus servicios; 

XIV.- Decretar pensiones en favor de las familias de los que hayan prestado servicios eminentes al Estado y a los empleados del mismo por jubilación; 

XV.- Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como las reformas o derogación de unas y otras y secundar cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas para las Legislaturas de otros Estados; 

XVI.- Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando alguna Ley General constituya un ataque a la soberanía o independencia del Estado o a la Constitución Federal; 

XVII.- Llamar a los Diputados Suplentes para que concurran al Congreso, previa calificación del impedimento de los Propietarios; 

XVIII.- Establecer un Organismo de Protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, en los términos del Artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XIX.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del Artículo 152 de esta Constitución. 

Asimismo, conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 151 de esta Constitución y, en su caso, fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren; 

XX.- Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los Tribunales del Estado; 

XXI.- Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos que establece la presente Constitución; 

XXII.- Expedir la Ley de Organización para la Guardia Nacional en el Estado, de conformidad con la facultad que a los Estados concede la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXIII.- Nombrar al Gobernador Interino en los casos a que se refiere el Artículo 84 de esta Constitución, para que promulgue el Decreto convocando a elecciones en los términos y forma que dicha disposición constitucional establece y para que desempeñe el Poder Ejecutivo, mientras se hace cargo del mismo el Gobernador Constitucional Sustituto que resulte electo; 

XXIV.- Comunicarse con los Poderes Ejecutivo y Judicial por medio de comisiones nombradas para tal efecto; 

XXV.- Elegir a los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, y al Presidente del mismo; a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y al Presidente del mismo; 

XXVI.- Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior; 

XXVII.- Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos relativos a límites del Estado; aprobar éstos en su caso y pedir al Congreso de la Unión su aprobación; 

XXVIII.- Resolver las cuestiones de límites que se susciten entre Municipios del Estado, siempre que entre ellos no se hayan puesto de acuerdo; 

XXIX.- Expedir la Ley sobre el número máximo de Ministros de Cultos a que le faculta el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXX.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo Estatal Electoral; 

XXXI.- Establecer la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales en que se divida el Estado; 

XXXII.- Resolver sobre la renuncia del cargo de Gobernador y calificar los impedimentos para encargarse de su cometido, y convocar a nueva elección si la renuncia o impedimento ocurrieren dentro de los tres primeros años del período; 

XXXIII.- Derogada; 

 

 

XXXIV.- Solicitar del Ciudadano Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de las garantías que ella otorga a los habitantes del Estado, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo a petición del Ejecutivo del Estado y solamente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública y cualesquier otro que pongan al Estado en grave peligro o conflicto. En los recesos del Congreso, si el caso fuere declarado urgentísimo por unanimidad de la Diputación Permanente, ésta, llamando a los Diputados existentes en el lugar donde celebre sus sesiones, que tendrán voz y voto en las deliberaciones, podrá hacer la petición antes dicha, sin perjuicio de convocarlo inmediatamente para darle cuenta y para que resuelva lo conveniente; 

XXXV.- Decretar, en su caso, el modo de cubrir el contingente de hombres que correspondan al Estado para el Ejército de la Nación; 

XXXVI.- Derogada. 

XXXVII.- Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador, y a quienes en su caso deban ejercer esta función, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de los Tribunales Electoral y Fiscal del Estado, al Titular del Organismo Protector de los Derecho Humanos, a los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, y a los servidores públicos de su nombramiento que conforme a las Leyes deban rendirla; 

XXXVIII.- Fomentar e impulsar la educación pública y todos los ramos de prosperidad en general; 

XXXIX.- Estimular la beneficencia pública, reglamentarla para que llene sus fines y para que estén debidamente asegurados sus bienes; 

XL.- Resolver sobre la solicitud de licencia temporal que formule el Gobernador para separarse de su cargo por más de 30 días y de permiso para salir del territorio del Estado por más de 15 días, y designar a la persona que deba suplirlo interinamente en los casos que así se requiera; 

XLI.- Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de servicio temporal cuando lo demanden las necesidades del Estado; 

XLII.- Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en alguno o en todos los ramos de la Administración Pública cuando circunstancias apremiantes así lo exijan, siendo necesario para ello el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso; 

XLIII.- La facultad que le concede el Artículo 24 de esta Constitución; 

XLIV.- Concurrir a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que establece el Artículo 135 de la misma Constitución; 

XLV.- Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las concedidas a los otros Poderes por esta Constitución, así como las que no estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión y correspondan al régimen interior del Estado; 

XLVI.- Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, sólo cuando tengan carácter puramente administrativo; 

XLVII.- Dictar Leyes tendientes a combatir con la mayor energía el alcoholismo; 

XLVIII.- Dictar Leyes para organizar dentro o fuera del Estado, pero dentro del territorio de la República, el sistema penal por colonias penitenciarias sobre la base del trabajo, como medio de regeneración; 

XLIX.- Convocar a elecciones en caso de muerte del Gobernador, o cuando por haber declarado que ha lugar a formación de causa en su contra, haya sido consignado y quede acéfalo el Poder Ejecutivo y siempre que la falta absoluta ocurra durante los tres primeros años del período; 

L.- Conocer y resolver sobre la renuncia que presenten los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los impedimentos que tengan para desempeñar sus cargos, nombrando en su caso quien deba sustituirlos; 

LI.- Expedir Leyes que regulen las relaciones laborales del Estado y los Municipios con sus respectivos trabajadores, en base a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; 

LII.- Crear nuevas Municipalidades dentro de las existentes, variar sus límites y suprimir alguna o algunas de ellas; 

LIII.- Conceder por tiempo limitado privilegio a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o mejora útil; 

LIV.- Resolver en definitiva, sobre las medidas adoptadas por el Gobernador en los casos a que se refiere la fracción XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda en consecuencia; 

LV.- Legislar en materia de planeación sobre la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el Estado y los Municipios; así como legislar sobre los procesos de participación directa de la ciudadanía, y fijar las bases generales para que los Ayuntamientos establezcan los procesos en esta materia. 

LVI.- Para expedir leyes que instituyan el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las autoridades del Estado, los Ayuntamientos y sus Organismos Públicos Descentralizados y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

LVII.- Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y recibir la protesta de los mismos; 

LVIII.- Ejercer las demás facultades que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución u otras Leyes. 

ARTICULO 59.- No puede el Congreso: 

I.- Imponer préstamos forzosos de cualquier especie y naturaleza que sean; 

II.- Abrogarse en ningún caso facultades extraordinarias; 

III.- Atentar contra el Sistema Representativo, Popular y Federal; 

IV.- Dejar de señalar retribución a un empleo establecido por la Ley. En caso de que se omita fijar tal remuneración, se entenderá señalada la ultima que hubiese tenido; 

V.- Mandar hacer cortes de cuentas con los acreedores del Estado, a fin de dejar sus créditos insolutos; 

VI.- Dispensar estudios para el efecto de otorgar Títulos Profesionales; 

VII.- Hacer lo demás que prohíbe esta Constitución. 

 

CAPITULO IV

DE LA DIPUTACION PERMANENTE 

 

ARTICULO 60.- El día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, el Congreso nombrará una Comisión que se denominará Diputación Permanente compuesta de tres Diputados, un Presidente y dos Secretarios, nombrará igualmente un Suplente. 

ARTICULO 61.- La Diputación Permanente funcionará durante los períodos de receso del Congreso y aún cuando hubiere Sesiones Extraordinarias.

ARTICULO 62.- Son atribuciones de la Diputación Permanente: 

I.- Velar por la observancia de la Constitución y de las Leyes; 

II.- Dictaminar sobre los asuntos que quedaren pendientes al terminar el Período de Sesiones Ordinarias del Congreso y sobre los que admita, y presentar estos Dictámenes en la primera sesión ordinaria del nuevo Período de Sesiones; 

III.- Convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias y, en su caso, para que conozca de las denuncias en contra de servidores públicos y proceda conforme a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 58 de esta Constitución; el Congreso no prolongará sus sesiones por más tiempo que el indispensable para tratar el asunto para el que fuere convocado; 

IV.- Circular la convocatoria si después de tres días de comunicada al Ejecutivo éste no la hubiere publicado; 

V.- Admitir la renuncia de los servidores públicos que conforme a la ley deban presentarla ante el mismo, mandando cubrir sus vacantes en la forma que lo establece la Constitución; 

VI.- Ejercer las atribuciones que le señalan la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; 

VII.- Ejercer, en su caso, la facultad que al Congreso concede la Fracción XXX del Artículo 58 de ésta Constitución; 

VIII.- Recibir la protesta de los servidores públicos en los casos en que deban rendirla ante el Congreso; 

IX.- Resolver sobre las solicitudes de carácter urgente que se le presentaren; cuando la resolución exija la expedición de una Ley o Decreto, se concretará la Comisión a formular Dictamen para dar cuenta a la Legislatura; 

X.- Resolver, en definitiva, en los recesos del Congreso, sobre las medidas que adopte el Gobernador en los casos a que se refiere la Fracción XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda en consecuencia; 

XI.- Ejercer, en su caso, las facultades que al Congreso concede la fracción XVI del Artículo 58 de esta Constitución; 

XII.- Conocer y resolver sobre solicitud de licencia que le sean presentadas por los legisladores;  

XIII.- Turnar a la Auditoría Superior del Estado las cuentas públicas que reciba, para su revisión; y 

XIV.- Las demás que le confieran las leyes. 

ARTICULO 63.- Si por no haberse verificado las elecciones o por cualquier otra causa el Congreso no pudiera renovarse el día fijado, la Diputación Permanente continuará con tal carácter hasta que deje instalado al nuevo Congreso conforme a las Leyes, convocando a elecciones en su caso. 

 

CAPITULO V

DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LEYES,

DECRETOS Y ACUERDOS 

ARTICULO 64.- El derecho de iniciativa compete: 

I.- A los Diputados del Congreso del Estado; 

II.- Al Gobernador del Estado; 

III.- Al Supremo Tribunal de Justicia; 

IV.- A los Ayuntamientos;

V.- A todos los ciudadanos, por conducto de sus Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse conforme a la ley. 

 

ARTICULO 65.- Las votaciones de Leyes o decretos serán nominales. 

 

ARTICULO 66.- La Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso prescribirán las reglas que deban observarse sobre la discusión y formación de las Leyes, Decretos y Acuerdos. 

 

ARTICULO 67.- Ningún proyecto de Ley que fuere desechado podrá volverse a presentar en el mismo Período de Sesiones. 

 

ARTICULO 68.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, cuando sean aprobados por la mayoría de los Diputados presentes y entrarán en vigor en la fecha que determine el Congreso y en caso contrario a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTICULO 69.- Las Leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo; otorgada su sanción los mandará publicar y circular para su cumplimiento; en caso contrario los devolverá dentro de los primeros diez días hábiles después de haberlos recibido, con las observaciones que estime convenientes, las cuales serán tomadas en consideración, examinadas y discutidas por el Congreso. 

 

ARTICULO 70.- Si al cerrarse el Período de Sesiones no se hubiere cumplido el término concedido al Gobernador para hacer observaciones, la devolución del proyecto se verificará precisamente el primer día en que se reuniere el Congreso. 

 

ARTICULO 71.- Si el Gobernador hace observaciones a algún proyecto, lo devolverá al Congreso dentro del término fijado, manifestando por escrito las razones que tenga que oponer. El Congreso discutirá por segunda vez el proyecto y el Ejecutivo podrá nombrar el representante que quiera para que asista con voz y sin voto a la discusión. 

 

ARTICULO 72.- Concluida ésta se votará un proyecto de escrutinio secreto y se tendrá por aprobado con el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

 

ARTICULO 73.- Si se aprobare por segunda vez el proyecto, se devolverá al Gobernador para su promulgación inmediata. 

 

ARTICULO 74.- En la reforma, adición, derogación o abrogación de las Leyes, Decretos o Acuerdos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. 

 

ARTICULO 75.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando este ejerza funciones de Colegio Electoral o de Jurado, ni en los casos de aceptación de renuncias o convocación a nuevas elecciones. 

 

ARTICULO 76.- Ninguna resolución del Congreso tendrá otro carácter que el de Ley, Decreto o Acuerdo económico. Las Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y los Secretarios del Congreso, empleándose la siguiente fórmula: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, decreta: (Texto de la Ley o Decreto) y los Acuerdos económicos sólo por los Secretarios. 

 

TITULO V

DEL PODER EJECUTIVO 

CAPITULO I

DEL EJECUTIVO 

ARTICULO 77.- El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominara "Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis años, en los términos que señala la Ley Electoral. 

 

ARTICULO 78.- Para ser Gobernador se requiere: 

I.- Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de ciudadanía de acuerdo con los Artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio ninguno de los motivos de pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de la misma Constitución; 

II.- Ser mexicano de nacimiento; 

III.- Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en él no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

IV.- Ser mayor de treinta años de edad el día de la elección; y, 

V.- Poseer suficiente instrucción. 

ARTICULO 79.- No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección: 

I.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 

II.- Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro de los 90 días anteriores al día de la elección; 

III.- Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 90 días antes de la elección; 

IV.- Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la Federación, a menos que se separen de ellos 90 días antes de la elección, sean o no de elección popular; 

V.- Los Magistrados del Supremo Tribunal, Diputados locales, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, cuando menos 90 días antes de la elección; 

VI.- Los Magistrados, Secretario General, Juez Instructor o Actuario del Tribunal Estatal Electoral y los miembros de los Consejos Estatal, Distritales o Municipales Electorales, si no se encuentran separados de su cargo un año antes de la elección; 

VII.- Los que estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión. 

 

ARTICULO 80.- El día 1 de enero inmediato a la elección entrará el Gobernador a ejercer sus funciones por 6 años y nunca podrá volver a desempeñar ese cargo ni por una nueva elección, ni con carácter de provisional o interino. 

 

ARTICULO 81.- Derogado. 

 

ARTICULO 82.- La elección del Gobernador prefiere a cualquiera otra. Solo es renunciable este cargo por causa grave, que calificará el Congreso. 

 

ARTICULO 83.- Si no hubiere habido elección de Gobernador, si se hubiere hecho esta y expedida la declaratoria por el Consejo Estatal Electoral para el día 31 de diciembre del año de la elección, pero el electo no se presentare a tomar posesión de su cargo, cesará sin embargo el anterior, y el Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el ciudadano que nombre el Congreso o la Diputación Permanente, aquel o ésta, en su caso, en Sesión Permanente y Secreta por 17 del número total de sus miembros, si se tratare del Congreso, o por la mayoría si se tratare de la Diputación Permanente. 

ARTICULO 84.- En los casos de renuncia o muerte del Gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las Cámaras Federales, si ocurriere la falta dentro de los 3 primeros años del período, el Congreso Local, constituído en Sesión Permanente y Secreta, nombrará por el voto de la mayoría de sus miembros, un Gobernador Interino que promulgará el Decreto que se expida conforme a la fracción XLIX del Artículo 58 de esta Constitución. 

El Congreso convocará a elecciones dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión del Gobernador Interino nombrado. El Gobernador que resulte electo durará todo el tiempo que falte para completar el período. Si los hechos tuvieren lugar dentro de los últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de Gobernador hasta terminar el período. Si el Congreso está en receso, la Comisión Permanente, por el voto de la mayoría de sus miembros, en los términos que se indican, convocará desde luego al mismo Congreso a Sesiones Extraordinarias para que éste ratifique o revoque el nombramiento hecho por la Permanente. En caso de que el Congreso revoque dicho nombramiento, procederá a designar Gobernador Interino, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto tome posesión el Gobernador Substituto que resulte electo. 

ARTICULO 85.- Si al abrirse el Período de Sesiones Ordinarias estuviere corriendo término de licencia concedida al Gobernador por la Permanente, el Congreso ratificará o revocará dicha licencia. 

ARTICULO 86.- Mientras se hace la designación ordenada en el Artículo anterior o en cualquier otra circunstancia no prevista, el Secretario General de Gobierno se hará cargo del Despacho del Ejecutivo sin que esta situación pueda durar por más de cuarenta y ocho horas. 

ARTICULO 87.- En los casos de licencia temporal concedida al Gobernador, el Congreso o la Diputación Permanente, en caso de receso, por mayoría de los Diputados presentes, nombrarán un substituto a propuesta en terna del Ejecutivo, para el tiempo que dure la licencia, debiendo tener el substituto los mismos requisitos que el Constitucional. Las ausencias del Gobernador en períodos que no excedan de 30 días serán cubiertas por el Secretario de Gobierno, encargado del despacho; cuando excedan de dicho término, el H. Congreso o la Diputación Permanente decide el interino. 

ARTICULO 88.- Los Gobernadores con el carácter de Interinos o Substitutos nombrados por el Congreso, no podrán ser electos para el período inmediato siguiente, ni para el que se convoque, si estuvieren en funciones un año antes de la elección. 

ARTICULO 89.- Al Gobernador nunca se le concederá licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por más de seis meses. Si concluida la licencia no se presentaré de nuevo dicho funcionario, se declarará vacante el puesto y se procederá a lo dispuesto en el Artículo 84 de esta Constitución. 

ARTICULO 90.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso y en sus recesos ante la Diputación Permanente, la protesta que sigue: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden". 

ARTICULO 91.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: 

 

 

I.- En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales; 

II.- Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado según la Constitución y las leyes que al caso resultan aplicables; 

III.- Impedir los abusos de la fuerza pública contra los ciudadanos y los pueblos, procurando que se haga efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere; 

IV.- Informar a la Secretaría de Gobernación sobre la conveniencia o inconveniencia de permitir se dediquen nuevos locales a cultos religiosos; 

V.- Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado, y las Leyes, Decretos y Acuerdos del Congreso, y proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo para el efecto los reglamentos respectivos; 

VI.- Cuidar en los distintos ramos de la Administración que los caudales públicos estén asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes; 

VII.- Presentar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, así como remitir trimestralmente las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos del Estado, en los términos que dispone esta Constitución; 

VIII.- Ejercer la facultad prevista en la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX.- Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de confianza a que se refiere la ley respectiva y a los demás cuyo nombramiento y remoción no se encomiende a otra autoridad. Asimismo, nombrar y aceptar las renuncias de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado y concederles las licencias que excedan del plazo previsto en la Ley de la materia; 

X.- Turnar al Procurador General todos los asuntos que deban ventilarse dentro de los Tribunales para que ejercite ante ellos las atribuciones de su Ministerio; 

XI.- Resolver gubernativamente los asuntos que pongan las Leyes en el ámbito de sus atribuciones; 

XII.- Iniciar ante el Congreso las Leyes y los Decretos que estime convenientes para el mejoramiento de las funciones del Poder Público del Estado y solicitar a éste órgano que inicie ante el Congreso de la Unión lo que sea de la competencia federal; 

XIII.- Proponer a la Diputación Permanente la convocación del Congreso a Sesiones Extraordinarias; 

XIV.- Enviar al Congreso del Estado, para su aprobación, las propuestas para designar a los Magistrados de número del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 58 fracción XXI; 106, 108 y 111, de esta Constitución; 

XV.- Auxiliar a los Tribunales y Juzgados del Estado para que la justicia se administre pronta y cumplidamente, y que se ejecuten las sentencias, prestando a aquellos el apoyo que requieran para el mejor ejercicio de sus funciones. Esta atribución no lo autoriza para intervenir directa o indirectamente en el examen y decisión de los juicios en trámite, ni para disponer en forma alguna de los procesados; 

XVI.- Cuidar que la justicia administrativa se aplique de manera pronta, completa e imparcial por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo; 

 

 

XVII.- Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por el territorio del Estado y recíprocamente, dando cuenta al Congreso; 

XVIII.- Celebrar con la aprobación del Congreso del Estado y de la Unión, tratados amistosos con los Estados vecinos para el arreglo de límites; 

XIX.- Convocar a los miembros del Congreso para el desempeño de sus funciones, cuando por alguna causa no hubiere Diputación Permanente; 

XX.- Ejercer la superior inspección de la Hacienda Pública del Estado y velar por su recaudación, custodia, administración e inversión; 

XXI.- Celebrar en los términos de Ley, con el Ejecutivo Federal, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, las Entidades Federativas y los Municipios, los convenios y acuerdos necesarios para el desarrollo económico y social de la Nación, el Estado y los Municipios. Asimismo, podrá inducir y concertar con los particulares acciones destinadas al mismo objeto; 

XXII.- Derogada; 

XXIII.- Visitar durante su período los Municipios del Estado, dictar las providencias que conforme a sus facultades fueren oportunas para su mejor desarrollo y dar cuenta al Congreso, cuando así fuere necesario; 

XXIV.- Dictar las disposiciones necesarias para combatir los juegos prohibidos; 

XXV.- Expedir los Fíats de Notarios y Títulos Profesionales con arreglo a las Leyes; 

XXVI.- Conceder indulto de las penas en los términos y con los requisitos que expresa la Ley; 

XXVII.- Organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso; 

XXVIII.- Sancionar a quienes le falten al respeto o infrinjan los reglamentos gubernativos con arresto o multa, en los términos del Artículo 19 de esta Constitución; 

XXIX.- Nombrar uno o más apoderados para asuntos judiciales y administrativos, dentro o fuera del Estado; 

XXX.- Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna Iniciativa presentada por el Ejecutivo; o enviar en su representación al Secretario General de Gobierno o a la persona que designe para el mismo objeto, o para informar cuando lo solicite el Congreso, pudiendo rendir tales informes por escrito; 

XXXI.- Pedir al Congreso, o a la Diputación Permanente, sí aquel no estuviere reunido, las facultades extraordinarias que sean necesarias para restablecer el orden en el Estado, cuando por causa de invasión o de conmoción interior se hubiere alterado. Del uso que haya hecho de tales facultades dará cuenta detallada al Congreso; 

XXXII.- Hacer cumplir los fallos y sentencias de los Tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XXXIII.- Concurrir a la apertura de los Períodos de Sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos acerca de todos o algunos de los ramos de la Administración Pública, cuando lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso, pero deberá rendir un informe completo sobre ésta en Sesión Pública Extraordinaria del Congreso, que se verificará el último domingo del mes de octubre de cada año; 

XXXIV.- Fomentar por todos los medios posibles la Instrucción y Educación Públicas y procurar el adelanto y mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras que interesen a la colectividad; 

XXXV.- Conceder licencias a los servidores públicos o suspenderlos de conformidad con lo expresado en la Ley Reglamentaria relativa; 

XXXVI.- Tomar en caso de invasión exterior o conmoción interior armada, las medidas extraordinarias que fueren necesarias para salvar el Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente; 

XXXVII.- En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la protección debida, si los elementos de que dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastantes para restablecer el orden; 

XXXVIII.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos de nombramiento del Ejecutivo, cuando no estuviere determinada otra cosa en la Ley; 

XXXIX.- Acordar la expropiación por causa de utilidad pública con los requisitos de Ley; 

XL.- Excitar a los Ayuntamientos en los casos que a su juicio sea necesario, para que cuiden del mejoramiento de los distintos Ramos de la Administración; 

XLI.- Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a los estudiantes que acrediten que no pueden sostenerse de por sí; 

XLII.- Dar cuenta al Congreso para que resuelva sobre los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local o cualquiera otra Ley, o cuando lesionen los intereses municipales; 

XLIII.- Respetar y hacer que se respete la libre emisión del voto popular en las elecciones y la voluntad expresada en los procesos de participación directa de la ciudadanía. 

XLIV.- Conceder con arreglo a las Leyes habilitaciones de edad a los menores para contraer matrimonio; 

XLV.- Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz social, o la economía del Estado o la de los Municipios, dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la Diputación Permanente, para que resuelva en definitiva; 

XLVI.- Las demás que le confiere esta Constitución u otra Ley. 

ARTICULO 92.- Se prohíbe al Gobernador:

I.- Negarse a sancionar y publicar las Leyes y Decretos que expida el Congreso, en los términos que prescribe esta Constitución; 

II.- Intervenir directa o indirectamente en las funciones del Poder Legislativo, excepto el caso de iniciar alguna Ley o hacer observaciones a las que se remitan para su sanción; 

III.- Decretar la prisión de alguna persona o privarla de su libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado lo exija, y aun entonces deberá ponerla en libertad o a disposición de la Autoridad competente en el preciso término de 36 horas, salvo lo prevenido en la fracción XXXII del Artículo anterior; 

IV.- Ocupar la propiedad particular, salvo en los casos de expropiación, por causa de utilidad pública y en la forma legal; 

V.- Mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer durante el juicio de las cosas que en él se versan o de las personas que están bajo la acción de la justicia; 

VI.- Distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la Ley; 

VII.- Expedir órdenes de recaudación o pago, sino por conducto de la Secretaría del ramo; 

VIII.- Impedir o retardar la instalación del Congreso; 

IX.- Salir del territorio del Estado por más de quince días, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente; 

X.- Mandar personalmente en campaña la fuerza pública, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente. 

 

 

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 

ARTICULO 93.- La Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia y definirá las bases generales de creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación. 

Las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal conforme al párrafo anterior, promoverán: La modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 

Para ser Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 

Los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos, previa solicitud de éste. 

ARTICULO 94.- Para el desempeño de los asuntos oficiales, el Ejecutivo tendrá un funcionario que se denominará "Secretario General de Gobierno". 

Para ser Secretario General de Gobierno, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 

II.- Ser mayor de treinta años de edad; 

III.- Poseer instrucción escolar suficiente; 

IV.- No ser militar ni ministro de algún culto, esté o no en ejercicio; 

V.- No haber sido condenado por delito infamante. La calificación la hace el H. Congreso. 

ARTICULO 95.- Los Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Ordenes y disposiciones que dicte el Gobernador, así como los documentos que suscriba en ejercicio de sus funciones constitucionales, deben ser firmados por el Secretario General, sin este requisito no surtirán efectos legales. 

ARTICULO 96.- El Secretario General de Gobierno no podrá desempeñar otro cargo, empleo ni comisión oficiales, remunerados, salvo en el Ramo de Educación. 

ARTICULO 97.- El Secretario General de Gobierno solo podrá litigar en negocios propios o de su familia. 

ARTICULO 98.- El Secretario General de Gobierno tendrá responsabilidad solidaria con el Gobernador por los Decretos, Reglamentos, Circulares o Acuerdos que firme. 

ARTICULO 99.- La ausencia temporal del Secretario General de Gobierno, será cubierta por uno de los Subsecretarios del ramo, con las prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que establecen los Artículos 95, 96, 97 y 98 de esta Constitución. 

 

TITULO VI

DEL PODER JUDICIAL 

CAPITULO I

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

ARTICULO 100.- El Poder Judicial se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores y en el Jurado Popular. 

ARTICULO 101.- La potestad de impartir justicia mediante la aplicación de las leyes en lo familiar, civil y penal, así como de aquellas otras que pudieran corresponderle, pertenece al Poder Judicial, el cual actuará de manera independiente, imparcial, responsable y sometida únicamente al imperio de la ley. Ningún otro poder, salvo cuando el Congreso actúe como Jurado, podrá ejercer funciones judiciales. 

ARTICULO 102.- Los Jueces y Magistrados no pueden ejercer otras funciones que las expresamente consignadas en la ley, salvo en los casos previstos por el artículo 112 segundo párrafo de esta Constitución. Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado en ningún caso podrán suspender el cumplimiento de las leyes ni emitir reglamento o acuerdo alguno que entorpezca la impartición de justicia. 

La justicia se administrará en nombre de la ley, la que determinará las formalidades para los procedimientos judiciales. Las ejecutorias y provisiones de los Tribunales, se ejecutarán por ellos mismos, en nombre del Estado, en la forma que las leyes prescriban. El juzgador que conozca de un asunto en una instancia, no podrá hacerlo en la otra. 

ARTICULO 103.- En los términos que disponen las leyes, es obligatorio para los servidores públicos y para los gobernados, cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes del Supremo Tribunal de Justicia, de los Magistrados y de los Jueces; así como prestar la colaboración solicitada por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. La autoridad requerida en forma para el cumplimiento de una orden judicial, deberá proporcionar de inmediato los elementos necesarios para ello, bajo pena de hacerse acreedora a las sanciones que la ley determine para tal efecto. 

ARTICULO 104.- Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, al entrar a ejercer su encargo, deberán rendir la protesta de ley. Los Magistrados lo harán ante el Congreso del Estado y los Jueces ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. El resto de los servidores públicos del Poder Judicial lo harán ante su superior jerárquico inmediato. 

ARTICULO 105.- Los delitos imputables a los servidores públicos de la administración de justicia producen acción popular contra los mismos y contra sus cómplices, de acuerdo con lo dispuesto por el Título XI de esta Constitución. 

ARTICULO 106.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno o por Salas, en la forma que determine la ley, y se integrará por nueve Magistrados, siete que integrarán el Pleno y dos Supernumerarios, quienes serán nombrados por un periodo de cuatro años, pudiendo ser ratificados hasta en dos ocasiones por otro periodo igual, por el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, hasta completar un máximo de doce años contados a partir de la fecha de su designación inicial. En el caso de no ratificarse su nombramiento quedarán separados automáticamente de su cargo. 

El Congreso del Estado, a solicitud del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, deberá resolver sobre la ratificación, con una anticipación de por lo menos sesenta días a la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado que corresponda. 

En caso de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia considere necesario el nombramiento de uno o varios Magistrados Supernumerarios, enviará al Congreso del Estado la propuesta correspondiente a fin de que, si no hubiere inconveniente legal para ello, sean designados. 

El Pleno funcionará con el quórum que establezca la ley, bajo la presidencia de uno de los Magistrados, electo de entre ellos, en la forma que se determine en la ley. El Presidente designado será el órgano de representación del Poder Judicial, durará cuatro años en su encargo y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. 

 

CAPITULO II

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ARTICULO 107.- El Poder Judicial del Estado contará con autonomía presupuestal, orgánica y funcional. El presupuesto del Poder Judicial será el suficiente para cubrir las necesidades en el ejercicio de su función. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, determinada anualmente, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

El Poder Judicial constituirá un Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que se integrará y funcionará en los términos previstos en la ley, del cual y sin perjuicio de las remuneraciones que correspondan de acuerdo al presupuesto, el Supremo Tribunal de Justicia aplicará un porcentaje de los recursos económicos que lo integren para incrementar la capacitación, adquisición de equipo y mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, conforme a lo que al efecto acuerde el Pleno. 

El Ejecutivo del Estado cuidará que las cantidades que integren este Fondo se entreguen trimestralmente al Poder Judicial, quien a través de su Presidente tendrá la obligación de dar a conocer lo recaudado en el año anterior, al rendir el informe anual sobre el estado que guarda la administración de justicia, y dentro de los informes trimestrales de cuenta pública correspondientes, los que deberá remitir dentro de la segunda quincena del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, para su revisión por el Congreso del Estado. 

ARTICULO 108.- Los Magistrados serán designados por el Congreso del Estado, por el voto de por lo menos las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión. 

En caso de encontrarse en receso el Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a periodo extraordinario de sesiones para conocer de dicho asunto. 

Los Magistrados y Jueces serán nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

ARTICULO 109.- La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial. Deberá prever la creación de un Centro de Actualización Jurídica para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. También regulará los sistemas de ascenso, escalafón y provisión de vacantes, además de reglamentar lo relativo al examen de oposición o concurso de méritos, como requisito de ingreso al Poder Judicial. 

ARTICULO 110.- Los Magistrados serán inamovibles durante el período de su encargo, el cual cesará únicamente en los términos del Título XI de esta Constitución. Son causas de retiro forzoso: 

I.- Haber cumplido 70 años de edad; 

II.- Jubilarse en los términos legales; 

III.- Padecer incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño de su función; y, 

IV.- Renunciar a su cargo o situarse en el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 112 de esta Constitución.  

Los Magistrados solo podrán ser removidos de su encargo por el Congreso del Estado, en los términos dispuestos por el párrafo anterior. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia podrá, previa audiencia, separar de plano de su encargo a los Jueces, cuando a su juicio considere que existe incumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 111.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: 

I.- Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mexicano por nacimiento; nativo del Estado o con residencia en el mismo por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación, salvo el caso de ausencia en cumplimiento de un servicio público; 

II.- Ser mayor de 35 y menor de 65 años el día de la designación; 

III.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por lo menos con diez años de anterioridad al día de la designación, por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV.- No haber ocupado, por lo menos un año antes de la fecha de la designación, los cargos de Gobernador, Secretario de Despacho del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Diputado Local; y 

V .- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia dos o más Magistrados que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna; salvo los casos de docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien contravenga esta disposición será separado de su encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 

ARTICULO 113.- Las faltas temporales y definitivas de los Magistrados serán cubiertas en los términos que establezca la ley. 

ARTICULO 114.-Son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia: 

I.- Conocer en segunda instancia de los asuntos familiares, civiles o penales, y de aquellos que establezcan otras leyes, que al efecto remitan los Jueces de Primera Instancia y Menores; 

II.- Conocer en Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado o los Ayuntamientos; 

III.- Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer y resolver, sin recurso ulterior, las causas que se instruyan contra servidores públicos, conforme a lo dispuesto por el Título XI de esta Constitución; 

IV.- Ordenar las visitas carcelarias de acuerdo a las disposiciones de la ley;  

V.- Atender las dudas sobre la interpretación de la ley que sean planteadas por los Jueces o surjan del seno del propio Tribunal; 

VI.- Dirimir las cuestiones de competencia que surjan entre las autoridades judiciales del Estado, en los términos que fije la ley; 

VII.- Formular, ante el Congreso del Estado, iniciativas de ley tendientes a mejorar la administración de Justicia, así como expedir y modificar, en su caso, los reglamentos que se requieran para este fin; 

VIII.- Dictar medidas que se estimen pertinentes para que la administración de justicia que impartan los Tribunales del Estado, sea pronta, completa e imparcial;  

IX.- Formular, expedir y modificar, en su caso, el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia; 

X.- Determinar a propuesta del Presidente la competencia de las Salas, las adscripciones de los Magistrados a las mismas; y adscribir, en su caso, a los Magistrados Supernumerarios a las Salas en los supuestos que determine la ley;  

XI.- Elegir Presidente del Pleno en los términos que determine la ley; 

XII.- Delegar al Presidente las atribuciones que estime pertinentes; 

XIII.- Recibir, en Sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne, el informe anual de labores que deberá rendir su Presidente sobre el estado que guarda la administración de justicia, que se verificará antes de la segunda quincena del mes de marzo de cada año; 

 

XIV.- Enviar al Congreso del Estado, por lo menos noventa días antes de que concluya el plazo de ejercicio de cada Magistrado, la solicitud de ratificación que corresponda;  

 

XV.-Acordar, en los casos que considere necesario, remitir solicitud por escrito al Congreso del Estado con la propuesta para designar a los Magistrados Supernumerarios; 

 

XVI.- Nombrar, cesar o suspender a los Jueces de Primera Instancia; Jueces Menores; Secretarios de Acuerdos; Relatores y Actuarios del Pleno, de las Salas y de los Juzgados; y al personal subalterno, en los casos y con las condiciones que establezca la ley; así como, en su caso, confirmar a los Jueces de Primera Instancia y Menores; 

 

XVII.- Tomar la protesta de ley, por conducto del Presidente, a los Jueces de Primera Instancia y Menores; así como designar a quien deba suplirlos, en los casos de ausencias temporales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley; 

 

XVIII.- Señalar a cada Juez su distrito judicial, su número y la materia en que debe ejercer sus funciones; así como designar a cada Juzgado su domicilio, según lo estime conveniente para mejorar el servicio público; 

 

XIX.- Establecer remuneración adecuada e irrenunciable para Magistrados y Jueces, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo; 

 

XX.- Calificar los impedimentos de los Magistrados y Jueces de Primera Instancia para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción, en caso de excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; 

 

XXI.- Conceder licencias hasta por un mes a los servidores públicos del Poder Judicial, así como admitir sus renuncias, sancionar sus faltas y fijar los períodos de vacaciones del propio Poder Judicial, en los términos que determine la ley; 

 

XXII.- Conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; 

 

XXIII.- Resolver, en única instancia, los juicios de responsabilidad civil que se promuevan en contra de los mismos; 

 

XXIV.- Conocer y resolver, en única instancia, las causas que se instruyan en contra de alguno de sus miembros, contra los Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y de las que deban sustanciarse contra los Secretarios del mismo Tribunal, por faltas y abusos cometidos en el desempeño de sus empleos; 

 

XXV.- Imponer correcciones disciplinarias a los servidores públicos del Poder Judicial, en los términos que determine la ley; 

 

XXVI.- Denunciar ante el Ministerio Público los hechos de que tenga conocimiento y que impliquen la probable responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial;  

XXVII.- Conocer y tramitar la ejecución de sentencias ejecutoriadas contra el Estado, los Municipios y las entidades autónomas, en los términos del Código de Procedimientos Civiles; 

XXVIII.- Corregir los abusos que se adviertan en la administración de justicia, por medio de disposiciones de carácter general que no impliquen intromisión en los asuntos que se tramiten en los juzgados, no restrinjan la independencia de criterio de los juzgadores, ni entorpezcan sus funciones; 

XXIX.- Constituir, modificar, suprimir o aumentar los órganos administrativos que sean necesarios para la buena marcha de la administración de justicia; así como el número de servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia; 

XXX.- Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial que deberá formular y proponer el Presidente, el que deberá ser remitido al Congreso del Estado, para su aprobación, así como ejercer y administrar en forma autónoma el presupuesto que le sea aprobado; 

XXXI.- Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones, actuaciones o diligencias en que intervengan ofendan o falten al respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de sus miembros o a cualquier servidor público del Poder Judicial; y,  

XXXII.- Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen. 

 

ARTICULO 115.- En los casos de retiro forzoso, jubilación, incapacidad o defunción, las prestaciones a los servidores públicos del Poder Judicial se cubrirán en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTICULO 116.- En las causas que hubieren de formarse a los Magistrados en funciones, una vez que el Congreso del Estado, actuando como órgano de acusación, declare por la afirmativa, se remitirá la causa en los términos previstos por esta Constitución y la ley, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual emitirá la resolución que corresponda en cada caso. Deberá resolverse cada asunto por separado y el Procurador General de Justicia tendrá en ellas la intervención que le confiere la legislación aplicable. 

 

CAPITULO III

DE LOS TRIBUNALES INFERIORES 

 

ARTICULO 117.- Los Tribunales Inferiores para la Administración de Justicia, estarán a cargo de los Jueces de Primera Instancia y de los Jueces Menores. 

 

ARTICULO 118.- Los Jueces de Primera Instancia y los Menores serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno. 

 

ARTICULO 119.- Los Juzgados Menores funcionarán en aquellos Municipios que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia considere necesario. 

 

ARTICULO 120.- La ley determinará los distritos judiciales en que se dividirá el Estado, el número de Jueces de Primera Instancia y de Jueces Menores, sus requisitos, competencia, jurisdicción, duración en sus funciones, y regulará todo lo relativo a su organización. 

Para su modificación el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia propondrá un proyecto de iniciativa que, una vez analizado y aceptado por el Pleno, será remitido al Congreso del Estado para su aprobación. 

 

ARTICULO 121.- Los Juzgados de Primera Instancia y los Menores serán sostenidos por el Poder Judicial del Estado. 

 

ARTICULO 122.- Los Jueces de Primera Instancia y Menores serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá sobre su designación, adscripción y remoción; además determinará el número, competencia territorial y especialización por materia de los Juzgados de Primera Instancia. 

Los Jueces de Primera Instancia durarán en su encargo tres años. Podrán ser ratificados por períodos iguales por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

ARTICULO 123.- Toda parte interesada puede interponer queja ante el Supremo Tribunal de Justicia, cuando a su juicio, los Magistrados o Jueces o demás servidores del Poder Judicial incurran en faltas administrativas. La ley regulará dicho procedimiento. 

 

TITULO VII

DE LA PROCURACION DE JUSTICIA Y LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

CAPITULO I

DEL MINISTERIO PUBLICO 

 

ARTICULO 124.- La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad conforme a las atribuciones que le confiere esta Constitución y demás leyes. 

Son atribuciones del Ministerio Público: 

I.- Intervenir, ejerciendo la acción penal, en todos los juicios de este orden; 

II.- Cuidar que se ejecuten las penas impuestas por los Tribunales, exigiendo, de quien corresponda y bajo su responsabilidad el cumplimiento de las sentencias recaídas; 

III.- Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes, menores, incapacitados o establecimientos de beneficencia pública, a los que representará, siempre que no tuvieren quién los patrocine, velando por sus intereses; 

IV.- Rendir a los Poderes del Estado y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los informes que le soliciten sobre asuntos relativos a su ramo; en el caso de esta última, únicamente en asuntos de su competencia; 

V.- Organizar y controlar a la Policía Ministerial del Estado, que estará bajo su autoridad y mando inmediato; 

VI.- Velar por la exacta observancia de las leyes de interés general; 

VII.- Procurar que se hagan efectivas las responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos; 

VIII.- La persecución ante los Tribunales de los delitos del orden común; y por lo mismo, a él le corresponde recibir las denuncias, acusaciones o querellas, tanto de las autoridades como de los particulares; investigar los hechos objeto de las mismas, ejercitar la acción penal contra los inculpados, solicitando en su caso su aprehensión o comparecencia; allegar al proceso las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la responsabilidad de los acusados; impulsar la secuela del procedimiento; y, en su oportunidad, pedir la aplicación de las penas que correspondan; 

IX.- Cuidar que los juicios del orden penal se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; 

X.- Investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos de autoridad que se cometan, adoptando las medidas necesarias para hacerlas cesar de inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente al castigo de los responsables; 

XI.- Promover la conciliación entre las partes en los delitos perseguibles por querella necesaria; y 

XII.- Las demás que le señalen las leyes. 

ARTICULO 125.- El Ministerio Público estará integrado por un Procurador General de Justicia que lo presidirá, SubProcuradores, Directores, Agentes y demás servidores públicos que determine la Ley Orgánica. 

La Ley Reglamentaria organizará al Ministerio Público, cuyos integrantes serán nombrados y removidos por el Ejecutivo del Estado. 

CAPITULO II

DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 

ARTICULO 126.- El organismo a que se refiere el Artículo 58 fracción XVIII de esta Constitución se denominará "Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas". Será un Organismo Público, Descentralizado, Autónomo e Independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá por objeto la protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano; conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que viole estos derechos en el ámbito del Estado. formulará recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

Una ley establecerá las bases de su organización y funcionamiento. 

 

TITULO VIII

DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 127.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el Estado la Defensoría de Oficio, que se encargará de defender ante cualquier autoridad a los inculpados, de intervenir como Abogados Patronos de las partes en materia civil y de aconsejar, en este ramo, a quien así lo solicite. 

ARTICULO 128.- El personal de esta Institución lo forman un Director General y los Defensores de Oficio Subalternos, quienes serán nombrados por el Ejecutivo. 

ARTICULO 129.- Una Ley reglamentará la organización de la Defensoría de Oficio y los requisitos que se necesitan para desempeñar este cargo. 

 

TITULO IX

DE LOS MUNICIPIOS 

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 130.- Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. 

Las facultades que la Constitución Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. 

Los integrantes de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus integrantes, por alguna de las causas que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y expresar los alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, a propuesta del Ejecutivo, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. 

 

ARTICULO 131.- Los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. En todos los casos deberá de hacerse posible la participación ciudadana y vecinal. 

Las leyes reglamentarias establecerán las formas de organización y administración municipal, de conformidad con las bases siguientes: 

I.- Las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

II.- Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento; 

III.- Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Federal; 

IV.- El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

V.- Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. 

La legislatura emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de las fracciones III y IV anteriores. 

ARTICULO 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

II.- Alumbrado público; 

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

IV.- Mercados y centrales de abasto; 

V.- Panteones; 

VI.- Rastro; 

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y 

IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de este Estado y otro u otros de uno o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

 

ARTICULO 133.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, y en todo caso: 

I.- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la legislatura sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones; 

II.- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la legislatura del Estado; y 

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III no podrán ser objeto de exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

 

ARTICULO 134.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; 

IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

VIII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y 

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros Estados formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas participantes y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

 

ARTICULO 135.- Cuando un acuerdo del ayuntamiento sea violatorio de la Constitución Federal o del Estado, o de cualquier otra ley, u ostensiblemente perjudicial a los intereses municipales, el Ejecutivo dará cuenta inmediatamente al Congreso para que resuelva lo conducente. 

 

ARTICULO 136.- La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Gobernador del Estado tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. 

 

ARTICULO 137.- Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que expida la legislatura con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias. 

 

TITULO X

SECCION DE ADMINISTRACION GENERAL 

 

CAPITULO I

DE LA EDUCACION PUBLICA 

 

ARTICULO 138.- La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 

 

ARTICULO 139.- La educación que imparta directamente el Estado en todos sus niveles será gratuita y obligatoria la básica. Los habitantes de la Entidad tendrán las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Estatal. 

ARTICULO 140.- El Sistema Educativo Estatal se constituye por la educación que impartan el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los particulares a quienes se autorice a impartir educación o se les reconozca validez oficial de estudios, mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca la Ley reglamentaria, ciñéndose a lo prescrito en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sujetándose siempre a la vigilancia e inspección oficiales. 

En todo tiempo el Ejecutivo del Estado podrá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reglamentaria, otorgar, negar, revocar o retirar la autorización o el reconocimiento de validez oficial a los estudios efectuados en los planteles particulares. 

ARTICULO 141.- La dirección técnica de las Escuelas Oficiales del Estado, de sus Municipios y organismos descentralizados de éstos, con excepción de los que la Ley les otorgue autonomía, estará a cargo del Ejecutivo por conducto de una dependencia que se denominará Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la que además ejecutará la vigilancia e inspección oficiales de las escuelas particulares del Sistema Educativo Estatal. 

ARTICULO 142.- La Ley determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, las Autoridades que han de expedirlo y los límites y condiciones del ejercicio profesional, el que sólo podrá vedarse cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad. 

ARTICULO 143.- El Ejecutivo podrá celebrar con la Federación y los Municipios, convenios sobre coordinación de los Servicios de Educación Pública, reservándose las facultades necesarias y asegurando la estabilidad de los Profesores al servicio del Estado; se determinará en la Ley los estímulos y recompensas a los Profesores, en atención al mérito de sus labores y a la antigüedad de sus servicios. 

 

CAPITULO II

DE LA SALUD PUBLICA 

ARTICULO 144.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la distribución de competencias en materia de salubridad. 

 

ARTICULO 145.- El Estado contará con un Consejo General de Salud, cuyas atribuciones fundamentales serán asesorar al Ejecutivo en materia de salud y establecer las políticas en este renglón. 

La conformación y funcionamiento del Consejo General de Salud estará regulado por la Ley. 

 

ARTICULO 146.- Con el objeto de que la salud pública encomendada al Gobierno del Estado se intensifique, el Ejecutivo podrá coordinarse, mediante la celebración de convenios con el Gobierno Federal y Municipal, reservándose la intervención que estime necesaria, en términos de la propia ley. 

 

CAPITULO III

DE LAS VIAS DE COMUNICACION 

 

ARTICULO 147.- El Gobernador vigilará la conservación, mejoramiento y amplio desarrollo de las vías de comunicación en el territorio del Estado; asimismo expedirá las disposiciones convenientes para la realización y fomento de las obras de utilidad pública, general o local, en su mismo territorio, dando preferencia a las de irrigación. El Congreso expedirá las Leyes que fueren necesarias y que fijarán la contribución especial que se dedicará a este ramo. 

 

CAPITULO IV

DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

ARTICULO 148.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias correspondientes, el Ejecutivo contará con una Dependencia cuya estructura, funciones y naturaleza jurídica, se determinarán de acuerdo a las necesidades y requerimientos que la realidad social imponga. 

 

TITULO XI 

CAPITULO UNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 

ARTICULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común. 

ARTICULO 150.- El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 151 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de las ideas; 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las Leyes Penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las conductas a que se refiere el presente Artículo. 

ARTICULO 151.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los Diputados al Congreso Local, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, los Jueces, los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los titulares de las Entidades Paraestatales, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, y los integrantes de los Ayuntamientos. 

Asimismo, el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso local y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, podrán ser sujetos de juicio político, en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso, previa declaración de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a la acusación respectiva ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Conociendo la acusación el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará, en su caso, la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de sus integrantes, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con la audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 

 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso Local, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, los Jueces, los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, y los titulares de las Entidades Paraestatales por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo de la Ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos del Artículo 151, resolviendo con base en la legislación penal aplicable. 

Las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

ARTICULO 153.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el Artículo 152 cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados del Artículo 152, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

ARTICULO 154.- Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo l50, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

ARTICULO 155.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el Servidor Público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe algunos de los encargos que hace referencia el Artículo 152. 

La Ley señalará los plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo l50. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

 

 

TITULO XII 

CAPITULO I

PREVENCIONES GENERALES 

 

ARTICULO 156.- En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según el siguiente orden de preferencia: 

I.- El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por nacimiento; 

II.- El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de éste los demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por nacimiento; 

III.- El último Presidente del Congreso, y a falta de éste los anteriores, prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito anterior. 

 

ARTICULO 157.- El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo ser electo para el período a que se convoca. 

ARTICULO 158.- Todos los servidores públicos al entrar en funciones, deberán rendir protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, obligándose a desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido. 

ARTICULO 159.- Ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular en el Estado o Municipio, debiendo elegir el que quisiere desempeñar, pero una vez que hubiere hecho la elección perderá el derecho de desempeñar el otro. 

ARTICULO 160.- Ningún servidor público percibirá más de un sueldo, excepción hecha de los cargos de Instrucción Pública y Beneficencia. 

ARTICULO 161.- Los servidores públicos que manejen fondos públicos, caucionarán su manejo a juicio del Ejecutivo. 

ARTICULO 162.- La Secretaría del ramo y áreas de su dependencia, no harán pago alguno que no vaya autorizado con la firma del Gobernador y del Secretario General de Gobierno, salvo que exista acuerdo delegatorio expreso. 

Los Tesoreros Municipales sólo harán pagos obedeciendo órdenes firmadas por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento. El Tesorero o empleado que desobedeciere esta regla, será castigado con la pena de destitución, sin perjuicio de consignarlo a la autoridad judicial competente. 

ARTICULO 163.- El año fiscal comenzará el día primero de enero y terminará el día último de diciembre. 

ARTICULO 164.- En todas las Escuelas de Instrucción Primaria Elemental, Superior y Normal, será obligatoria la enseñanza de la Instrucción Cívica. 

 

 

TITULO XIII 

CAPITULO I

DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION 

 

ARTICULO 165.- Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. 

 

CAPITULO II

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 

 

ARTICULO 166.- Esta Constitución no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público, se establezca en el Estado un gobierno contrario a los principios que ella preconiza, tan luego como el pueblo recobre su libertad, volverá a su observancia y con arreglo a las Leyes serán juzgados los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión. 

 

ARTICULO 167.- Ninguna Autoridad tendrá facultad para dispensar la observancia de esta Constitución en ninguno de sus preceptos. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO lo.- Esta Constitución se promulgará desde luego por Bando Solemne en todo el Estado y comenzará a regir el día dieciséis de febrero de mil novecientas veintiuno en que será protestada por todos los empleados y funcionarios públicos. 

ARTICULO 2o.- Quedan derogadas todas las Leyes, Circulares, y Disposiciones, en cuanto se opongan a la presente Constitución. 

ARTICULO 3o.- El Período Constitucional para los Diputados electos el día siete de noviembre último, comenzará a contarse desde el día primero de enero de mil novecientos veintiuno. 

ARTICULO 4o.- El Período Constitucional para el Gobernador electo el día siete de noviembre último, comenzará a contarse desde el día cinco de febrero de mil novecientos veintiuno, pero tomará posesión hasta el día dieciséis del propio mes. 

ARTICULO 5o.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia electos el día siete de noviembre último, tomarán posesión el día dieciséis de febrero de mil novecientos veintiuno y durarán en funciones mientras el Congreso nombre los que deban sucederles. 

ARTICULO 6o.- El Congreso tendrá en el año de mil novecientos veintiuno, tres Períodos de Sesiones Ordinarias: el primero, en el mes de febrero; el segundo, en los meses de abril, mayo y junio, estos dos improrrogables; y el tercero, prorrogable hasta por un mes, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En estos Períodos se ocupará especialmente de expedir las Leyes que sean necesarias para la reorganización de los servicios públicos, de conformidad con los preceptos de esta Constitución, ya sea que la iniciativa de ellas se haga por el mismo Congreso o por el Ejecutivo. 

ARTICULO 7o.- Los recursos de casación y súplica pendientes al comenzar a regir esta Constitución, continuarán tramitándose hasta terminarse. 

ARTICULO 8o.- Mientras no se expida la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, los Juzgados Menores que funcionan actualmente en algunas cabeceras de fracción, continuarán como Juzgados de Primera Instancia, con igual competencia y jurisdicción que los Jueces de Primera Instancia que hoy existen, y sostenidos por los fondos municipales. 

ARTICULO 9o.- Las cuentas del Gobierno y Municipales correspondientes al tiempo que no ha habido Congreso, serán enviadas a éste en la primera quincena de mayo próximo para su revisión.

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos veintiuno. 

Por el Décimo Cuarto Distrito Electoral, Donaciano de Lassaulx, Diputado Presidente. 

Por el Segundo Distrito Electoral, Ing. José F. Montesinos, Diputado Vicepresidente. 

Dr. Antonio Valdez Rojas, Diputado por el Primer Distrito Electoral. 

Cipriano Martínez, Diputado por el Tercer Distrito Electoral. 

Refugio Vargas, Diputado por el Quinto Distrito Electoral. 

Profr. Juan Gual Vidal, Diputado por el Sexto Distrito Electoral. 

Rafael Zamudio, Diputado por el Séptimo Distrito Electoral. 

Joaquín F. Flores, Diputado por el Octavo Distrito Electoral. 

Profr. Hilario Pérez, Diputado por el Noveno Distrito Electoral. 

Profr. José C. Rangel, Diputado por el Décimo Distrito Electoral. 

Feliciano García, Diputado por el Décimo Quinto Distrito Electoral. 

Por el Décimo Segundo Distrito Electoral, Ing. Martiniano Domínguez Villarreal, Diputado Secretario. 

Por el Décimo Tercer Distrito Electoral, Gregorio Garza Salinas, Diputado Secretario. 

Por lo tanto, mando se imprima y promulgue por Bando Solemne. 

Palacio del Poder Ejecutivo, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos veintiuno. 

 

 

EL GOBERNADOR PROVISIONAL

JOSE MORANTE 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. LUIS ILIZALITURRI. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 329, EXPEDIDO EL 7 DE JUNIO DE 1995 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 46 DEL 10 DE JUNIO DE 1995. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- El artículo 80 que mediante el presente Decreto se reforma, surtirá efectos para el ciudadano electo Gobernador del Estado para el período 2005 al 2010, quien iniciará su encargo a partir del 1 de enero del año siguiente al de la elección correspondiente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 35, EXPEDIDO EL 8 DE JULIO DE 1999 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EXTRAORDINARIO NÚMERO 4 DEL 8 DE JULIO DE 1999. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Una vez realizado el procedimiento descrito en el artículo 106 de este Decreto, por única ocasión, a propuesta del Presidente del Pleno, uno de los Magistrados designados para integrar el Supremo Tribunal de Justicia concluirá su encargo el quince de enero del año 2003 y será sustituido en los términos previstos por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, reformado por medio de este Decreto. 

ARTICULO TERCERO.- Los derechos laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado serán respetados íntegramente. 

ARTICULO CUARTO.- La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial deberá entrar en vigor en un plazo no mayor de ciento ochenta días posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado.  

ARTICULO QUINTO.- En tanto no sean expedidas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente Decreto, seguirá aplicándose la normatividad vigente. 

ARTICULO SEXTO.- Las controversias de particulares con Ayuntamientos o el Estado, o de éstos contra aquéllos, que actualmente estén en trámite, seguirán siendo sustanciados hasta su conclusión definitiva ante la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 236, EXPEDIDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2000 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EXTRAORDINARIO NÚMERO 8 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2000. 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 365, EXPEDIDO EL 14 DE MARZO DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 32 DEL 14 DE MARZO DEL 2001. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean competencia de los Municipios y que a su entrada en vigor, sean prestados por el Gobierno del Estado o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la correspondiente solicitud. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes. 

ARTICULO TERCERO.- El Estado y los Municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este Decreto. 

ARTICULO CUARTO.- Antes del inicio del ejercicio fiscal del año 2002, el Congreso del Estado, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores del mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

ARTICULO QUINTO.- En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los trabajadores estatales y municipales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 425, EXPEDIDO EL 23 DE MAYO DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 68, DEL 6 DE JUNIO DEL 2001. 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 523, EXPEDIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 142 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 527, EXPEDIDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 152 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001. 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 609, EXPEDIDO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 154 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2001. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2002. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2001 y anteriores serán revisadas de acuerdo al procedimiento previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2002 y posteriores serán revisadas de conformidad a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO.- La recepción del informe por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por parte de su Presidente, será a partir del que se rinda en el año 2002 y comprenderá el ejercicio del año 2001. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 666, EXPEDIDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NÚMERO 14 DEL 30 DE ENERO DE 2002. 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.